Pagando por la Democracia con menos beneficios

JUAN CARRANZA*

Mucho se ha dicho recientemente en los medios sobre la práctica alarmante, pero muy trillada, de las donaciones a los políticos en las galas y otros eventos de recaudación de fondos. La preocupación obvia es que este tipo de recaudación de fondos inclina el proceso democrático en favor de aquellos que pueden pagar y los aleja de aquellas personas que no pueden pagar. El día 19 de Abril la CBC dio a conocer los nombres de los 30 mayores donantes políticos en los últimos tres años.

Para los que trabajamos con víctimas de accidentes no nos sorprende descubrir que el Insurance Bureau of Canada (IBC) (El Buro de Aseguradoras Canadienses) ha sido el cuarto mayor donante desde 2013. La IBC es el grupo de cabildeo de las aseguradoras privadas. Entre otras cosas, el IBC presiona por cambios legislativos favorables a sus intereses de aumentar las ganancias para las aseguradoras. El problema es que estos cambios con frecuencia están en conflicto con las necesidades de las víctimas de accidentes, que por lo general, no participan en dichas galas de recaudación de fondos.

Cualquiera que busque en las enmiendas a la Ley de Seguros de Ontario (the Insurance Act)  y sus reglamentos en los últimos diez años,  en lo relacionado a la indemnización por accidentes de tránsito, notará una disminución dramática en los beneficios para víctimas de accidente, como ser:

• La reducción de la cobertura médica y de rehabilitación de $ 100,000 a $ 3,500 para la mayoría de personas lesionadas;

• El hacer más difícil calificar para la designación de “catastróficamente lesionado” y así poder acceder a una mayor cobertura de beneficios médicos;

• Recortes de 50% por atención médica y de asistentes para personas catastróficamente lesionadas;

• Reducciones significativas en la cobertura de beneficios el asistencia personal;

• Obstaculizando la compensación por cuidados personales proporcionada por miembros de la familia;

• Una reducción de los intereses pre-juicio que deben pagarse sobre los daños sufridos, con el efecto de retirar el incentivo a las aseguradoras para tener una resolución rápida.

Lo que el lector se pregunta es ¿cómo es posible que este tipo de donaciones políticas no van a influir en las políticas del gobierno?  Lo que es especialmente irónico es que estos recortes a los beneficios a menudo dejan a las víctimas de accidentes sin cobertura para el tratamiento necesario o sin sustitución de ingresos, y las personas afectadas se ven obligadas a recurrir a los servicios públicos financiados por el gobierno, tales como los hospitales públicos y asistencia social – los cuales son servicios por los que todos pagamos. Estos recortes están descargando la responsabilidad del sector privado sobre las espaldas del sector público. Es una transferencia de las obligaciones de las compañías de seguros con miles de millones en activos sobre el sobrecargado sistema de salud pública  y sobre los raquíticos programas de asistencia social. El hecho de que estos cambios hayan sido introducidos por un gobierno que recibió más de cien mil dólares en donaciones de los bolsillos de las aseguradoras nos deja con más preguntas que respuestas.

Para colmo de males, estos recortes a los beneficios de accidentes en Ontario se han dado a pesar de las ganancias extraordinarias de las aseguradoras privadas como se ha señalado en un estudio del 2014 por los profesores de la Universidad York Fred Lazar y Elli Prisman. Al final, las víctimas de accidentes han terminado financiando las ganancias récord de las aseguradoras.

Las víctimas de accidentes a menudo pierden sus empleos, sus ahorros y su independencia. Hoy por hoy tienen muchos menos beneficios y todavía tienen su derecho al voto, pero tienen dinero para pagar los $ 315.310 que el Buro de Aseguradoras Canadiense ha pagado como donaciones políticas.

*Abogado, especialista en reclamos por accidentes.