La seguridad alimentaria antes, durante, y después de la pandemia

A medida que la curva de este primer embate de coronavirus se aplana y la vida va retomando un aspecto todavía incierto de “nueva normalidad”, comenzamos a imaginar cuáles de las lecciones que esta experiencia nos ha dejado quedarán plasmadas en cambios reales y cuáles simplemente habrán caído en saco roto.

Desde el primer momento, a través de las páginas de Correo, hemos tratado de contribuir a este esfuerzo que necesariamente habrá de ser colectivo y para ello hemos abordado, y lo seguiremos haciendo, temas como el trabajo, la educación, los usos del espacio público o las redes sociales.

En esta oportunidad nos centraremos en algunas reflexiones de la nota: Poverty and food security in our new COVID-dominated reality, publicada por la revista digital Rabble.

Paul Taylor, su autor, es Director Ejecutivo de FoodShare Toronto, la mayor organización canadiense dedicada a promover la justicia y la seguridad alimentaria.

Los datos de inseguridad alimentaria que ya eran preocupanten antes de la pandemia, lo son más aún tras las medidas sanitarias que han debido ponerse en funcionamiento durante la primera mitad del año y Tailor advierte que:

“Entre mediados de marzo y finales de abril, las tasas de uso de los bancos de alimentos se triplicaron. Un gráfico lineal revela que las visitas a los bancos de alimentos siguen una trayectoria ascendente general con hasta seis veces más visitas cuando se compara ese período con el anterior. con el mismo período del año pasado.
Antes de la pandemia, 4,4 millones de personas en Canadá padecían inseguridad alimentaria. En solo tres meses, ese número ahora es mucho más alto. Además, los hogares que enfrentan inseguridad alimentaria muestran una marcada diferencia cuando tiene en consideración las características raciales. Los hogares de personas de color tienen una probabilidad 3.5 veces mayor de padecer inseguridad alimentaria que los hogares de personas blancas. En el país, el 36,6% de los niños negros padecen inseguridad alimentaria en comparación con el 12,4% de los niños blancos”.

La situación que describe Taylor en su nota es todavía más grave cuando se toman los datos de una ciudad como Toronto, en la que se concentra el mayor porcentaje de personas pertenecientes a lo que en Canadá se denominan, eufemísticamente, “minorías visibles”. En Toronto, en donde el solapamiento entre pertenencia a una minoría visible y pobreza es particularmente notorio y de larga data, la situación se ha complejizado ya que es en esos sectores sociales y en los barrios en los que esas personas viven en donde se han registrado las mayores necesidades alimentarias, el mayor desempleo y el mayor número de contagios durante la pandemia. Así, nos explica Taylor:

“Cuando miramos un mapa de la ciudad más grande de Canadá, podemos ver de un vistazo que los vecindarios racializados y de bajos ingresos están experimentando las tasas más altas de infección por COVID. Glenfield-Jane Heights, que se rodea el eje formado por Jane entre Sheppard y Finch en el noroeste de Toronto, tiene el mayor número de casos, 469, lo que implica una tasa de infección de 1.538 casos por 100.000 habitantes, 22 veces mayor que en las “Beaches”, una de las zonas más ricas de Toronto.

Los barrios con los mayores incidentes de infección también son aquellos en los que la inseguridad alimentaria es más aguda. La superposición de inseguridad alimentaria, el aumento de las tasas de infección, el empleo precario y la raza no es una coincidencia sino todo lo contrario”.

Para el autor de Poverty and food security in our new COVID-dominated reality y también para quienes desde diversas perspectivas como el trabajo social, la investigación, o el periodismo estamos cerca de esas realidades, el racismo sistémico y diversas formas de inequidad naturalizadas al extremo de pasar desapercibidas, garantizaban que un mapa en el que coincidieran todos esos factores fuera tanto inevitable como predecible, y como constata Taylor:

“Lo vimos venir: los datos no han sido una sorpresa para muchos de nosotros. Durante años, nuestros gobiernos y quienes están a cargo de la toma de decisiones han querido presentar el hambre y el acceso a alimentos de calidad como un problema que existe con independencia de otras inequidades sociales (racismo, vivienda inadecuada, precariedad laboral) y, por lo tanto, han propiciado formas de “caridad alimentaria” como si puideran ser respuestas adecuadas. La pandemia ha puesto de manifiesto que el hambre no existe aislada de otros factores”.

El énfasis que pone el autor de la nota en separar lo que el describe como “caridad alimentaria” y lo que deberían ser las acciones llevadas adelante por quienes tienen responsabilidades de gobierno, es muy importante ya que apuntan al centro mismo de uno de los aspectos más controvertidos de la cultura anglosajona. Existe en esta cultura una tendencia muy marcada a considerar que las necesidades son reponsabilidad de las personas que las padecen, es decir que quienes sufren de alguna cerencia muy posiblemente no han hecho lo necesario para no sufrirla. En esta concepción, el rol de las instituciones del Estado no suele ir más allá de la provisión de fondos (insuficientes) para que instituciones de caridad se encarguen de cubrir necesidades puntuales sin intentar nunca resolverlas. Por eso, apunta Taylor en su nota:

“…el grado en que esta irresponsabilidad está naturalizada en el tejido social se evidenció en la respuesta del gobierno federal a la emergencia alimentaria del gobierno federal.
El gobierno proporcionó $100 millones en fondos para cubrir dicha emergencia a principios de abril a un puñado de organizaciones de alcance nacional, que a su vez tuvieron a su cargo la distribución del dinero a grupos regionales y locales para comprar alimentos y otras necesidades básicas, en lo que se podemos comparar con la aplicación de pequeñas “band-aids- en un pierna rota. El gobierno delegó, nuevamente, sus deberes morales y políticos en organizaciones benéficas que ofrecen ayuda a corto plazo.
Pero la realidad es que si bien de ese modo se pueden atender algunas situaciones de emergencia, no es de ese modo que se resuelve la inseguridad alimentaria, ya que se trata de un fenómeno multicausal y de largo plazo. Para poner fin a la inseguridad alimentaria, necesitamos empleos bien remunerados, salarios dignos, un piso de ingresos adecuado y estabilidad laboral. Necesitamos una vivienda asequible y un conjunto de servicios proporcionados públicamente, como cuidado infantil asequible y cuidado de ancianos.
En uno de los países más ricos del mundo, las políticas públicas deberían al menos promover la equidad en salud y una calidad de vida decente para todos y no limitarse a darle, a quienes son más vulnerables, lo mínimo indispensable para que sobrevivan.”