Seguridad pública: del discurso a la confianza ciudadana

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EQUIPO EDITORIAL
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La seguridad pública ocupa un lugar destacado en la agenda política de Ontario desde que Doug Ford asumió el Gobierno provincial en 2018. Más recursos policiales, reformas al sistema de libertad bajo fianza y medidas más severas contra los delincuentes reincidentes han formado parte de sus principales compromisos. Sin embargo, una encuesta encargada por la propia provincia a la firma Leger introduce una señal de alerta: los ciudadanos no parecen convencidos de los resultados.

Según da a conocer el sitio web cbc.ca, el estudio, realizado del 5 al 12 de marzo de este año entre 2 024 residentes de Ontario, revela que menos del 20 por ciento de los encuestados considera eficaces las acciones gubernamentales frente a problemas como el robo de vehículos y propiedades, la reincidencia delictiva, los campamentos y la presencia en espacios públicos de personas con problemas de salud mental o consumo de sustancias.

El dato merece atención porque refleja una distancia entre el discurso y la percepción cotidiana de la población. La seguridad no se construye únicamente con anuncios de mayor vigilancia, endurecimiento de las leyes o ampliación de las capacidades penitenciarias. También requiere políticas sostenidas de prevención, atención social, tratamiento de las adicciones y acceso a una vivienda digna.

Para Toronto, una ciudad caracterizada por su diversidad cultural y donde miles de familias inmigrantes construyen sus proyectos de vida, estas cuestiones tienen una dimensión particular. La comunidad latina comparte las preocupaciones de otros residentes sobre la seguridad en sus vecindarios, el transporte público, los espacios comunes y la protección de sus familias. Al mismo tiempo, necesita servicios accesibles, información clara y respuestas institucionales que contemplen las barreras lingüísticas y económicas que pueden enfrentar algunos recién llegados.

La encuesta también descubre una contradicción: aunque existe una percepción mayoritaria de ineficacia frente al cierre de campamentos, el conocimiento ciudadano sobre las medidas provinciales es limitado. Apenas el 29 por ciento conocía las promesas de reforma al sistema de fianzas. Esto evidencia que comunicar las políticas resulta importante, pero no sustituye la obligación de demostrar resultados.

El Gobierno de Ford defiende su gestión y destaca inversiones superiores a 3.000 millones de dólares para ampliar la capacidad penitenciaria y fortalecer el sistema judicial. Sin embargo, las críticas de representantes de la oposición apuntan a otro componente esencial: la insuficiencia de programas de tratamiento y viviendas con apoyo para personas que enfrentan adicciones o problemas de salud mental.

Todo indica que Ontario necesita una estrategia de seguridad que combine justicia, prevención y protección social. Las comunidades no pueden quedar atrapadas entre el temor al delito y la falta de respuestas para quienes necesitan ayuda.

Para la ciudadanía, y particularmente para quienes han elegido Toronto como lugar para comenzar una nueva vida, la seguridad debe medirse en resultados concretos: barrios tranquilos, servicios disponibles, espacios públicos accesibles y confianza en las instituciones. Gobernar con firmeza también significa escuchar, corregir y ofrecer soluciones que mejoren verdaderamente la vida de las personas.

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